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Carmena iniciará en marzo la lucha contra los pisos turísticos, emulando a Colau

Publicado hace 4 meses

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Legislación en Administración de Fincas | Noticias sobre administración de fincas


El Ayuntamiento de Madrid prepara un informe sobre la proliferación de pisos turísticos ilegales en el centro de la ciudad. Un documento que servirá como base de las líneas políticas de actuación que se desplegarán, en coordinación con el sector hotelero y agentes sociales, para pinchar una “burbuja” que, según el Gobierno municipal, está provocando un aumento de los precios del alquiler y el consiguiente desplazamiento de los vecinos hacia barrios más periféricos. El informe estará listo entre finales de febrero y principios de marzo, según asegura Jorge García Castaño, concejal de Centro, el distrito donde se concentra esta soterrada problemática.

turisticos Carmena iniciará en marzo la lucha contra los pisos turísticos, emulando a Colau

Los primeros cálculos que se manejan en el informe elevan el número de pisos turísticos ilegales, a varios miles, teniendo capacidad para alojar a unos 10.000 viajeros. En el blanco no se sitúan tanto las plataformas que dan cobertura a estas prácticas, como AirBNB, si los propietarios realquilan en ocasiones puntuales, sino aquellos ‘profesionales’ que destinan sus viviendas únicamente a este uso durante todo el año dejándolas fuera del mercado de alquiler. Un negocio en la sombra y en crecimiento que conlleva una drástica disminución de la oferta y el aumento de los precios del alquiler.

La lucha no se centra en combatir al turismo, sino a las consecuencias de la “turistificación” desregulada en ciertos barrios del centro, del que es un caso paradigmático Lavapiés. Una vuelta de tuerca más a la denominada “gentrificación”. Este mes de diciembre, el concejal de Centro y los vocales vecinos de Ahora Madrid en este distrito ya intercambiaron diagnósticos y experiencias con los miembros del Gobierno municipal de Barcelona que se encargaron de desarrollar medidas de contención de este fenómeno hace dos semanas en un foro conjunto.

En la capital, la única acción que se ha emprendido hasta el momento ha sido la apertura de 153 expedientes a apartamentos turísticos ilegales, todos en el centro, tras las denuncias de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de la Comunidad de Madrid. Como explicaba Castaño en las jornadas de debate que celebraron ambos ayuntamientos, el foco del problema reside en “un mercado del alquiler absolutamente desregularizado que acaba generando vulnerabilidad en el derecho a la vivienda”. Es por ello que subrayaba que no se trata de un debate sobre turismo sí o no: “En Madrid las connotaciones de la palabra turismo suelen ser positivas siempre y es muy difícil para los que vivimos en el centro, y en un fenómeno tan nuevo como las viviendas de uso turístico, hacernos entender fuera de aquí”, reconocía. Con los datos en la mano, confía en que esta percepción se extienda.

El objetivo no son plataformas como Airbnb, sino aquellos ‘profesionales’ que destinan sus viviendas únicamente a este uso durante todo el año

El objetivo pasa por tomar decisiones de carácter estructural a lo largo del próximo año y que vayan al fondo de la cuestión evitando simples parches. El informe, argumentaba el edil, “servirá para abrir debate y tomar decisiones en un año, no para marear la perdiz”. Para ello, desde el Ayuntamiento buscan la necesaria connivencia del resto de administraciones, tanto autonómica, que tiene la mayoría de competencias, como estatal.

Las primeras medidas pasarían por una actualización y modificación de la ley autonómica, para evitar lagunas y mejorar la identificación de este tipo de pisos. En clave de advertencia, Castaño recordaba que el tejido social y vecinal ya está incorporando entre sus demandas prioritarias la lucha contra este fenómeno y lanzaba el guante a la presidenta Cristina Cifuentes anticipándole que “va a tener que darles respuesta”.

El Ayuntamiento busca colaboración del resto de administraciones, tanto autonómica, que tiene la mayoría de competencias, como estatal

A nivel estatal, ambos ayuntamientos del cambio coinciden en que la administración debe actuar para regular los precios de los alquileres. “Ahora mismo, sin el factor de la vivienda de uso turístico, estaríamos teniendo una subida del precio de alquiler pero otra cosa es una irrupción de demanda que no tiene que ver con el uso residencial de la vivienda que altera completamente el mercado”, subrayaba Castaño. La “burbuja”, aseguraba, es “evidente” y la Administración no puede esconderse. La Ley de Arrendamientos Urbanos sería el marco desde el que reclaman actuar. El margen de actuación del Ayuntamiento se reduce, como hizo el Gobierno de Ada Colau, a los planes de uso, que permiten establecer un número máximo de comercios y establecimientos en función de la densidad.

Entre las prioridades de Carmena para el próximo 2017 se encuentra pues la lucha contra la proliferación de los pisos turísticos ilegales y, concretamente en el centro de la ciudad las normativas de Zonas de Protección Acústica Especial y de Áreas de Prioridad Residencial (APR) que serían herramientas complementarias. Sobre las APR, los planes del Gobierno de Ahora Madrid pasan por convertir todo el distrito centro en un gran área semipeatonal que equivaldría a 535 campos de fútbol.

I. Gil

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